Conscientes de que la participación de los centros educativos en su propio diseño y funcionamiento es un tema fundamental en las políticas de evaluación, y de que estos centros se han convertido en organismos de cierta complejidad que demandan un margen relevante de toma de decisiones propias, las leyes orgánicas de educación (alguna tan específicamente como la Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes) han ido desarrollando y precisando el concepto de autonomía de este tipo de centros.
¿Cuáles son los ámbitos de gestión educativa en los que puedan actuar los centros de manera autónoma? Una propuesta básica de clasificación incluiría tres modalidades: gestión pedagógica, gestión académica, y gestión organizativa. Para desarrollar actuaciones en estos tres ámbitos el centro educativo cuenta con distintos instrumentos, como el Proyecto Educativo del Centro o el Plan General Anual, diseñados específicamente para recoger las necesidades del mismo y proponer soluciones y planes de mejora adecuándolas a las características particulares de su entorno social, económico y cultural. A estas tres modalidades de gestión, la OCDE añade una cuarta, la autonomía de los recursos (informe Education at a Glance 2018: OECD, p. 416) en la que se incluye la selección de los profesores que integran la plantilla de un centro y el equipo directivo del mismo.
En relación a las tomas de decisiones, son varios los niveles administrativos que intervienen: el estatal, el autonómico, el local y, en el último nivel de concreción, el del propio centro educativo (aunque, debido a que son muchos los sistemas educativos que se tienen en cuenta en la OCDE, en su citado informe esta organización contempla hasta 7 niveles de decisión. En algunos países, como en Finlandia, estos niveles están tan imbricados que resulta muy difícil diferenciarlos). Recientemente, y atendiendo a estos niveles, el informe español de la edición internacional de la OCDE concluye que, en comparación con el resto de los países o regiones analizados, el indicador que muestra a qué nivel se toman las decisiones en las instituciones públicas en la Educación Secundaria Obligatoria de nuestro país presenta un alto tanto por ciento de decisiones que se dan en el ámbito autonómico, mientras a nivel de centro educativo es de las más bajas (ver gráfico 3.13, en la p. 70):
Gráfico 3.13 (extracto de la Tabla D6.1) Porcentaje de decisiones tomadas en cada nivel de gobierno en la primera etapa de Educación Secundaria (2017)
Por otra parte, como el propio informe internacional de la OCDE señala; “The results of the OECD Programme for International Student Assessment (PISA) suggest that when autonomy and accountability are intelligently combined, they tend to be associated with better student performance (OECD, 2016[1], p.284)[1]”. Aparecen pues asociados dos indicadores (autonomía y responsabilidad) en relación de mutua dependencia, ya que siendo los dos indicadores (en principio) positivos, el resultado, en caso de que uno de los dos no se diera, sería siempre negativo (autonomía sin responsabilidad) o inefectivos (responsabilidad sin autonomía).
Por tanto, si seguimos la sugerencia de PISA en relación a la autonomía (y su correlato, la responsabilidad) de los centros, cabría preguntarse si los centros de nuestro sistema educativo pueden combinar de manera eficiente lo que miden ambos indicadores. Por el estudio de la OCDE sabemos que nuestra autonomía es, como se ha comentado, muy inferior a la media OCDE (y, por tanto, con un amplio margen de ampliación).
[1] Más sobre ello en el boletín PISA in focus n.º 9
